Un juez federal ha ordenado a la administración del presidente Donald Trump que suspenda temporalmente el congelamiento de fondos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y ha dado un plazo de cinco días para que el gobierno demuestre que está cumpliendo con la orden.
La resolución, emitida el jueves por el juez Amir H. Ali, señala la devastación financiera que el corte abrupto de los pagos ha provocado en organizaciones sin fines de lucro y proveedores de ayuda humanitaria en todo el mundo. Esta es la primera decisión judicial que objeta el congelamiento de fondos implementado por la administración republicana.
La orden surge en medio de múltiples demandas presentadas por empleados gubernamentales, organizaciones de ayuda y proveedores de servicios contratados por el gobierno, quienes exigen revertir la paralización de la USAID y el debilitamiento general de la asistencia exterior de Estados Unidos.
El presidente Trump, junto con su asistente Elon Musk, han argumentado que la USAID, con más de seis décadas de funcionamiento, no encaja dentro de su agenda gubernamental y que la suspensión de fondos responde a una revisión de los programas de asistencia. Sin embargo, el juez Ali destacó en su fallo que el gobierno no ha presentado una justificación válida para la interrupción abrupta de los recursos.
Impacto en organizaciones y sectores afectados
La suspensión de fondos ha afectado a contratistas, agricultores y proveedores de Estados Unidos y otros países, quienes afirman que han perdido cientos de millones de dólares por trabajos ya realizados. Además, muchas organizaciones han tenido que despedir empleados y se enfrentan a un posible colapso financiero. Se reporta que grandes cantidades de ayuda alimentaria permanecen sin distribuir y en riesgo de perderse o ser saqueadas.
El juez Ali también ordenó al gobierno notificar la suspensión temporal a cada organización con contratos de ayuda exterior vigentes. El próximo martes es la fecha límite para que la administración demuestre el cumplimiento de esta orden.
Hasta el momento, la administración de Trump no ha emitido una respuesta pública al fallo judicial.
Repercusiones legales y administrativas
El fallo responde a una demanda presentada por la Coalición de Defensa de la Vacuna contra el SIDA y el Consejo de Salud Global, dos organizaciones que dependen de fondos estadounidenses para sus labores en el extranjero. En su decisión, el juez subrayó que la administración no pudo justificar adecuadamente la cancelación de financiamiento para miles de programas de ayuda de USAID, lo que afectó gravemente a pequeñas y grandes empresas dedicadas a la asistencia humanitaria.
Asimismo, la resolución impide que el secretario de Estado, Marco Rubio, y otros funcionarios gubernamentales hagan cumplir las órdenes de suspensión de trabajo que Trump y Musk enviaron a organizaciones y empresas beneficiarias de la asistencia exterior.
El juez también desestimó el argumento del gobierno de que ciertas exenciones podrían mitigar el impacto del congelamiento de fondos, señalando que hasta el momento no existe un sistema funcional para otorgarlas y que la plataforma de pagos de USAID ha dejado de operar.
Situación de los empleados de USAID en el extranjero
En un fallo separado, el juez Carl Nichols extendió temporalmente una medida cautelar que impide el despido masivo de empleados de USAID en todo el mundo. Durante la audiencia, el juez cuestionó la falta de planes del gobierno para garantizar la seguridad de los trabajadores de la agencia en zonas de alto riesgo, especialmente en países con conflictos activos.
Exempleados de USAID en la República Democrática del Congo presentaron declaraciones juradas en las que describieron cómo la agencia los abandonó tras el estallido de violencia política en la capital, obligándolos a evacuar con sus familias sin apoyo oficial.
La resolución judicial representa un revés significativo para la administración Trump, que ha buscado reducir drásticamente la asistencia exterior de Estados Unidos. Se espera que en los próximos días el gobierno responda a la orden judicial y presente su plan de cumplimiento ante los tribunales.
