Aunque el Poder Ejecutivo ha dado el primer paso hacia una nueva ley sobre la libertad de expresión y difusión del pensamiento, en el Congreso Nacional han sido estudiadas diversas propuestas —algunas en favor y otras en contra de este derecho— sin que ninguna haya logrado concretarse en una ley definitiva.
Iniciativas previas
El proyecto que más avances obtuvo fue presentado en 2021 por el exdiputado Elpidio Báez. Esta propuesta de ley sobre expresión y medios de comunicación tenía como objetivo principal modernizar la Ley 6132, vigente desde 1962.
La iniciativa proponía regular temas clave como la cláusula de conciencia en el ejercicio del periodismo, el derecho a réplica, el secreto profesional, los contenidos emitidos por la televisión nacional y sus horarios, los espectáculos en vivo, así como las sanciones por difamación pública. A pesar de su progreso, el proyecto perimió por la falta de consenso dentro de la comisión encargada de su estudio.
Ley de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI)
Otra propuesta que llegó más lejos fue la ley que creó la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), la cual fue aprobada por el Congreso y promulgada. Sin embargo, generó fuertes críticas debido a artículos que obligaban a ciudadanos e instituciones a entregar información confidencial sin orden judicial.
El Tribunal Constitucional posteriormente anuló la Ley 1-24 al considerar que fue aprobada de forma incorrecta como una ley ordinaria, cuando por su naturaleza debía ser una ley orgánica.
Proyectos controvertidos
En mayo de 2022, el Senado aprobó en segunda lectura un polémico proyecto de ley orgánica sobre el Derecho a la Intimidad, el Honor, el Buen Nombre y la Propia Imagen, al que se le calificó como una "ley mordaza". La propuesta establecía sanciones para quienes insultaran “de forma innecesaria” a otras personas a través de los medios, pero no logró avanzar en la Cámara de Diputados.
Un mes más tarde, en junio de 2022, el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley sobre ciberseguridad que proponía hasta cuatro años de prisión para quienes difundieran materiales considerados “discriminatorios”. La ambigüedad del término fue uno de los motivos que impidió su aprobación.
En agosto del mismo año, el diputado Eugenio Cedeño, del PRM, presentó una iniciativa para regular la publicidad estatal en medios de comunicación. Durante vistas públicas, la Sociedad Dominicana de Diarios advirtió que una interpretación amplia de esa ley podría convertirse en un obstáculo para la libertad de expresión y el ejercicio libre de la prensa.
Nueva propuesta del Poder Ejecutivo
El más reciente proyecto, presentado el pasado viernes por el Poder Ejecutivo, busca establecer un nuevo marco regulatorio para la libertad de expresión y cuenta con el respaldo de la Sociedad Dominicana de Diarios y de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus).
No obstante, diversas voces han expresado preocupaciones. El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, afirmó que el proyecto requiere mayor discusión para evitar posibles contradicciones con la Constitución. También consideró que la creación del Instituto Nacional de la Comunicación (Inacom), contemplado en la iniciativa, podría ser “riesgosa” si permanece bajo control directo del Ejecutivo.
Por su parte, el excandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, advirtió que algunos artículos del proyecto aparentan proteger derechos, pero en realidad representarían un “modelo de control disfrazado”, especialmente en lo relativo al Inacom.
De igual forma, el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) advirtió que la creación del Inacom conllevaría una “concentración de poder” en perjuicio de los medios de comunicación, además de señalar posibles intenciones de censura. En ese sentido, solicitó la realización de una consulta pública para enriquecer el debate.
Actualmente, el proyecto está bajo análisis en una comisión especial del Senado, presidida por la congresista Aracelis Villanueva.
